La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), denuncia el nombramiento de la nueva Consejera de Sanidad de Castilla y León por Ciudadanos y exige su cese.
Hoy se ha hecho público en nombramiento de la Dra. Verónica Casado, como nueva Consejera de Sanidad de Castilla y León
Madrid, a 17 de julio de 2019. En estos días hemos conocido la decisión de Ciudadanos de proponer a la Señora Verónica Casado como nueva Consejera de Sanidad del recién constituido gobierno de Castilla y León. Como colectivo de Urgencias y Emergencias podemos atestiguar, y probar, comportamientos en algún cargo previo, por parte de esta persona, ajenos a la ejemplaridad y transparencia, obligados en quien pretenda ejercer responsabilidades en la Administración. Se pueden resumir de forma sencilla y clara, en el bien entendido de que este paso que da nos obliga, por responsabilidad, a sacar del relativo anonimato estas actuaciones.
Es conocida la reivindicación desde hace años de esta Sociedad Científica, acerca de la necesidad de la creación en España de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en la vía civil, como ya existe en la Sanidad Militar, como UNICA garantía de calidad y seguridad de la atención de los pacientes en la que constituye la segunda prestación más frecuente de nuestro Sistema Sanitario: la Atención en Urgencias y Emergencias. Más aún en el contexto reconocido la enorme demanda y necesidad social, profesional y docente, de la absoluta justificación administrativa, y partiendo así mismo del existente hace años consenso político, así como del ordenamiento jurídico español y europeo. La propia Organización Mundial de la Salud, OMS, hace pocos días denunció en una contundente Resolución, que la no existencia de esta formación implica un inaceptable aumento de la mortalidad y secuelas graves en los pacientes. Ha sido una constante en estos años encontrar barreras administrativas e indolencia frente a esta reivindicación. Incluso opiniones contrarias. Eso no es punible. Pero lo que no es aceptable y sí denunciable es que se hayan saltado determinadas barreras. Esta señora, como miembro de órganos colegiados de la Administración no ha tenido ningún rubor en saltarse de forma recurrente normas claras de la propia administración en defensa de intereses gremiales contrarios a esta necesidad, legítimos en sí mismos, pero punibles si se ejercen con interés de parte en estos organismos, dentro de un absoluto y flagrante conflicto de intereses, cuestiones perfectamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, antes y ahora, y que vienen generando una importante alarma social. Añadido a esto ha sido constante su aversión y desprecio a esta prestación médica, muy apreciada por la población, algo no punible, pero si moralmente reprobable en alguien que pretende representar a todos los profesionales sanitarios de esta Comunidad.
Entendemos que la decisión del actual Vicepresidente y Consejero de Regeneración y Transparencia de Castilla y León ha sido meditada y desconocedora de estos hechos que aquí denunciamos. Pensamos que ni con cursos intensivos a sus consejeros va a poder cambiar este tipo de comportamientos. Es por ello que aquí hacemos esta denuncia pública que esperamos se atienda. De no ser así asumimos que, en lo referente a la Consejería de Sanidad de esta Comunidad, se pueden dar por validos, en origen, comportamientos ajenos a la legislación vigente que, de entrada, denunciamos y denunciaremos, en especial cualquier actuación contraria a los intereses de los pacientes o los profesionales de estos importantes servicios, así como nuestro ofrecimiento a cualquier institución que nos requiera en este sentido.
El Consejo de Dirección de SEMES